COSPEDAL ESTRANGULA EL DERECHO AL ABORTO

No habrá que esperar a que el PP llegue a La Moncloa y derogue la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en julio pasado. Su aplicación en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP ya se está viendo dificultada. Claro ejemplo es Castilla-La Mancha, donde los centros privados que llevan a cabo estas operaciones están sufriendo un reiterado impago por parte del Servicio de Salud Regional que supone un verdadero escollo para su viabilidad económica.

Se suman ya 14 meses desde que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) acumula una deuda de aproximadamente 1.300.000 euros con las clínicas privadas que efectúan las intervenciones de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la comunidad manchega. Una deuda que se viene generando desde la fecha misma de entrada en vigor de la ley que regula el aborto en nuestro país, el 4 de julio de 2010.

las clínicas están sufriendo serias dificultades económicas

De esta manera, Clínica Dator, El bosque, Cire, Ginemur, Deia Medica, el Instituto Ginecológico Murcia e Iris, las siete clínicas que tienen adjudicado el convenio en esta comunidad para realizar las intervenciones, han decidido dar un paso adelante y romper con el convenio hasta que la Consejería Regional no muestre su voluntad de revertir la situación. No obstante, se seguirán atendiendo a las mujeres que lo soliciten con la única variación de que se les extenderá una factura que ellas tendrán que reclamar a la Administración. Factura que las clínicas no pueden asegurar que sea reembolsada dada la situación de impago que ellas mismas están sufriendo con el propio organismo público.

El perfil de las clínicas afectadas es el de centros pequeños que tras la entrada en vigor de la Ley el año pasado han tornado lo que era una práctica eminentemente privada, la InterrupciónVoluntariadel Embarazo (IVE),  en un servicio público incluido dentro de las prestaciones de la Seguridad Social. Esto conlleva que entre un 70 y un 80 por ciento de los ingresos de estas clínicas provienen de las intervenciones que realizan para la sanidad pública y que hasta ahora permanecen impagadas. Esta deuda supone, por tanto, un alto porcentaje de los ingresos de las clínicas, que están asumiendo que esta situación no se puede prolongar muchos meses más.

La portavoz de la clínica Dator, Luisa Torres, asegura que las clínicas llevan proponiendo a la Administración Regional desde el inicio del problema un calendario de pagos para que puedan afrontar la deuda. Su postura ha sido siempre flexible, si no, “no se hubiera llegado a esta situación de deuda que se viene arrastrando desde julio del año pasado”, ha asegurado. Además, han anunciado, como medida de buena voluntad por parte de las clínicas, que suspenden la ruptura del Convenio y que seguirán atendiendo a las mujeres a pesar de que se mantenga el impago, con la intención de que la Administración mueva ficha y se pueda llegar a un acuerdo.

Luisa Torres, portavoz de la clínica Dator

La aprobación de esta Ley supuso incluir el aborto entre las intervenciones cubiertas por la Seguridad Social, además de la aprobación de un plan pedagógico que educara a la población en la prevención de los embarazos no deseados. Esta segunda premisa no se ha cumplido salvo raras excepciones y la primera se lleva a cabo en cada Comunidad Autónoma mediante un sistema de transferencias que permite que cada región la aplique de manera particular. Así, según explica la portavoz, existen comunidades autónomas que la aplican de manera correcta y otras que lo hacen de un modo restrictivo.

La ley especifica que el servicio sanitario público de cada Comunidad Autónoma debe responder a las peticiones de las mujeres ya sea con mecanismos propios (hospitales públicos) o con mecanismos ajenos, mediante convenios con entidades privadas o la derivación de las mujeres a otras CCAA, pero siempre informándolas de sus derechos. Este aspecto, el de la información de los derechos de la mujer, es uno de los puntos conflictivos por los que se dificulta el derecho al aborto en algunas comunidades. En Navarra, por ejemplo, las administraciones públicas han puesto un interés nulo en conocer los supuestos para la aplicación práctica de la Ley y no se han preocupado por estudiar las circunstancias específicas que regulan la IVE en nuestro país. De esta manera, y como asegura Luisa Torres, “la información se acaba convirtiendo en un elemento de discriminación” y son las propias entidades públicas regionales las que ponen trabas a la aplicación de la Ley. En el caso de Navarra, las causas responden a un posicionamiento político y social que se opone al aborto, según Torres.

En esta línea de pensamiento, Mariano Rajoy ha escrito en su biografía de reciente publicación que “el aborto es siempre un fracaso, no un derecho, y por ello serán necesarias reformas legislativas”. En nuestro país, como apunta la propia portavoz y los trabajadores sociales de las clínicas afectadas, se ha producido una comprensión social complicada, rápida y tardía de lo que supone el aborto. En muchos sentidos se ha demonizado esta práctica que se entiende más bien como un “fracaso” y no como un derecho humano reconocido internacionalmente. Además, los especialistas de las clínicas argumentan que no se puede hablar de fracaso cuando no existen en nuestro territorio estructuras educativas adecuadas que informen a la población de base y traten de evitar esta problemática. La cierto es que en muchos países europeos, la Interrupción Voluntaria del Embarazo se entiende simplemente como una cuestión sanitaria que, como tantas otras, precisa de un marco legal para su regulación.

Esta perspectiva choca frontalmente con el posicionamiento que el Partido Popular ha defendido desde la aprobación de la Ley. De hecho, durante su periodo de tramitación, esta formación interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la misma. Además, esta postura se ha visto reforzada por las últimas declaraciones de algunos miembros del partido cuando se les ha preguntado qué medidas tomarían al respecto en el caso de resultar ganadores de las elecciones generales. Ana Pastor, exministra de Sanidad (durante el gobierno de Aznar) y actual coordinadora de política social del PP, ha asegurado que su partido procedería a derogar la ley al considerarla “injusta e innecesaria”. Sus declararaciones se han visto reforzadas por María Dolores de Cospedal, quien ha ratificado sus palabras y ha declarado que el partido actuará en consecuencia a su ideología, que defiende que España no necesita ninguna regulación con respecto al aborto.

MªDolores de Cospedal y José Ignacio Echániz, consejero de sanidad de Castilla-La Mancha

Por otro lado, desde el seno de las clínicas se espera que el panorama postelectoral sea distinto. Aunque asumen que habrá cambios en la regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, confían en que de producirse, sólo afecten al ámbito económico de la ley, es decir, que sólo se regule su inclusión o no en la cartera de la Seguridad Social.Argumentan que el aborto es una realidad social que, como tantas otras, precisa de un marco jurídico y legislativo que garantice una adecuada prestación sanitaria a las pacientes, evitando así su práctica en la clandestinidad. Además, insisten en que el aborto es un derecho regulado internacionalmente, por lo que si se acometiera una reforma en el fundamento de la ley, esto es, la despenalización del mismo, como ya se ha anunciado que se hará desde el PP, esto supondría un claro retroceso social de España en cuanto a derechos civiles se refiere respecto del resto de países europeos que han regulado medidas similares incluso con gobiernos conservadores, como en el caso de Francia. También objetan que la ley en cuestión es una Ley Orgánica y los cauces para su derogación serían complicados. El Partido Popular precisaría de la aprobación de dos tercios de la Cámara, cifra que no alcanzaría según las encuestas a pesar de la mayoría absoluta que estas vaticinan, por lo que necesitarían el apoyo de otras fuerzas políticas que refrendaran su voluntad de derogación del aborto.

No obstante, y a pesar de todos estos escollos al derecho que presumiblemente se avecinan, lo cierto es que no hubo una planificación económica eficiente a la hora de promulgar la ley. La inclusión de una intervención como el aborto en la Seguridad Social, con todo el equipo médico e infraestructuras que precisa, obliga a una inversión económica que muchas comunidades autónomas no estaban en situación de asumir. Por tanto, aunque es innegable la voluntad política expresada para sacar adelante esta ley, no ha existido un esfuerzo económico complementario desde el seno de las comunidades. Además, esto se ha visto acrecentado por el ya alto déficit de muchas de ellas, que afirman que no pueden hacer frente a tantos pagos.

Sin embargo, encontramos ejemplos en nuestra geografía donde la Ley no ha tenido ningún problema en su aplicación. Es el caso de Andalucía. Allí, la sanidad pública está perfectamente coordinada con las clínicas privadas que llevan a cabo las intervenciones a través de convenios. La información llega a las pacientes de forma adecuada y éstas llegan a ser conscientes tanto del marco legal que ampara la operación como del concepto de derecho civil que supone la misma.